Por: Edmundo del Pozo*

México se define como una nación pluricultural asentada en sus pueblos indígenas y afromexicano, sin embargo, en la realidad este principio dista mucho de cumplirse mientras sigue imperando una profunda discriminación y racismo hacia estas poblaciones. Incluso, a pesar de que la propia Constitución, en su artículo 2, reconoce un conjunto de derechos colectivos, al mismo tiempo, les pone un conjunto de candados para su ejercicio.

Entre, otros ejemplos, los pueblos siguen siendo concebidos como “entidades de interés público”, subordinados a la observancia estatal, en lugar de contar con personalidad jurídica propia como “sujetos de derecho público”, lo cual implicaría que el Estado y terceros deban reconocer y respetar los actos de autoridad que los pueblos establecen con base en sus sistemas normativos. Entre otras cosas, podrían inscribir dichos actos en registros públicos y llevar a cabo otras acciones jurídicas con plena capacidad sin que se les impida. Es inconcebible que una empresa, asociación etc. bajo la ficción de una “persona moral” que les otorga el derecho civil, mercantil, pueda realizar todo tipo de actos jurídicos, mientras que los pueblos originarios que son sujetos colectivos vivos preexistentes a la fundación de la nación no puedan ni abrir una cuenta bancaria en el México de hoy. Esto para que se tenga una idea del nivel de discriminación que subsiste aún en nuestras leyes.

De igual forma, aunque los pueblos gozan del derecho a la libre determinación y a la autonomía para mantener y desarrollar sus propias instituciones políticas, sociales y culturales, así como el derecho a su identidad para reconocerse a sí mismos como pueblos y comunidades, resulta que son las entidades federativas quienes regulan el alcance de estos derechos. Por lo que en la práctica existe una diversidad de normas, según cada estado, donde se determinan quién es pueblo o no, quién es autoridad tradicional o no, qué deben o no deben hacer éstas, incurriendo en otra suerte de discriminación legal violatoria de los instrumentos internacionales sobre pueblos indígenas.

Lo mismo ocurre con el derecho al territorio, si bien está previsto en el Convenio 169 de la OIT, del que México es parte, la Constitución vigente lo restringe a solo un derecho de acceso, y además que debe practicarse “con respeto” a las otras formas de propiedad o tenencia de la tierra (privada, social, estatal). Pero a los pueblos les está impedido ser los propietarios colectivos de sus territorios y bienes comunes, aunque sean los primeros pobladores en haberse asentado en los territorios que hoy conforman México.

Esto en la práctica provoca que no puedan tener un control real de su territorio y sus bienes naturales y que se les imponga todo tipo de megaproyectos, generando desplazamiento, violencia y despojos de sus territorios.

Para revertir estas injusticias el gobierno de la cuarta transformación se propuso desde inicios del sexenio llevar a cabo una reforma profunda a la Constitución con la participación de los pueblos originarios y afromexicano. Para esto llevó a cabo más de 50 foros y 60 asambleas regionales impulsadas por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Resultado de este proceso, se elaboró una iniciativa muy avanzada que retoma los estándares internacionales y los Acuerdos pendientes de San Andrés Larainzar, derivados del Levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. Dicha iniciativa fue entregada en manos del presidente López Obrador por autoridades de la Tribu Yaqui desde el 28 de septiembre de 2021, asumiendo el compromiso de enviarla a la SEGOB y a la Consejería de Presidencia para su análisis y presentación al Congreso de la Unión. Sin embargo, han pasado más dos años y este compromiso del Gobierno Federal sigue sin cumplirse.

En este contexto, la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), conformada por más de 210 comunidades indígenas y del pueblo afromexicano, pertenecientes a 19 entidades federativas de la república, no ha dejado de exigir al Gobierno Federal el cumplimiento de este importante compromiso. Por ello, en momentos en el que el presidente ha anunciado nuevas reformas a la Constitución, entre las que sobresalen al “sistema electoral”, al “poder judicial” y a los “salarios y pensiones”, los pueblos y comunidades agrupados en la ALDEA le han pedido al mandatario no olvidar la “Iniciativa de Reforma constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano”[1] y lo exhortaron a presentarla dentro del paquete que enviará al Congreso el próximo 5 de febrero.

Le recordaron, por último, lo expresado por él en una de sus conferencias matutinas de que “revisaría el tema de la reforma”, a propósito de lo cual también manifestó en aquel momento que los pueblos son “la verdad más íntima de México”[2]. Por lo que hicieron un llamado público a concretar este compromiso antes de concluir su sexenio y que tiene una oportunidad histórica para hacerlo.[3]

* Edmundo es coordinador del programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.

[1] https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/680625/Propuesta-Iniciativa-Reforma-Constitucional-Derechos-Pueblos-Indigenas-Afromexicano.pdf

[2] Conferencia matutina del 11 de julio, 2hrs:45 min al 2hrs:52 min https://www.youtube.com/watch?v=_xdQEQIGwSw

[3]https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=760067649488577&id=100064560469349&mibextid=ZbWKwL

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